La nueva normativa busca reducir la carga administrativa, proteger las denominaciones de origen y mejorar la eficiencia en la producción vitivinícola.
El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del real decreto que regula el potencial de producción vitícola en España. Impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la medida introduce cambios clave en los procedimientos administrativos y técnicos para nuevas plantaciones y autorizaciones de variedades de uva, con el objetivo de simplificar procesos y adaptarlos a las necesidades actuales del sector.
Entre las principales novedades, destaca la actualización de los criterios de prioridad para pequeñas y medianas explotaciones vitícolas. Esto incluye la modificación de plazos y datos de referencia en las comprobaciones, lo que permitirá un acceso más ágil a las autorizaciones y reducirá la carga administrativa para los productores.
Además, la normativa simplifica los ensayos necesarios para clasificar variedades de uva como autorizadas en una comunidad autónoma. Se elimina la categoría de portainjertos recomendados y se actualiza la lista de variedades de uva autorizadas para vinificación, promoviendo una gestión más eficiente. Asimismo, se establece un anexo que detalla la información mínima requerida en los registros vitícolas para mejorar la integración con el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX).
En cuanto a la superficie destinada a nuevas plantaciones de viñedo, el Gobierno ha fijado un límite de 914 hectáreas para 2025, equivalente al 0,1 % de la superficie plantada al 31 de julio de 2024. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se alinea con la normativa europea que limita las nuevas plantaciones a un rango entre el 0 % y el 1 % de la superficie plantada del año anterior.
A nivel regional, las comunidades autónomas han establecido restricciones para proteger sus denominaciones de origen protegidas (DOP). Castilla y León, por ejemplo, ha limitado las autorizaciones a 100 hectáreas para la DOP Ribera del Duero, mientras que el País Vasco ha impuesto límites estrictos para las DOP Chacolí de Bizkaia y Chacolí de Getaria, restringiendo totalmente las replantaciones y permitiendo solo 10 y 15 hectáreas, respectivamente, para nuevas plantaciones.
Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar el crecimiento del sector vitivinícola con la sostenibilidad y el control de la producción. La simplificación de procesos administrativos y el apoyo a los productores se combinan con la protección de las denominaciones de origen y el fortalecimiento de la calidad de los vinos españoles, en línea con las demandas del mercado.
FUENTE: VINETUR.COM