Viticultores denuncian contratos por debajo de los costos de producción y señalan a ciertas bodegas por prácticas abusivas. Organizaciones agrarias exigen sanciones ejemplares y no descartan movilizaciones si no se toman medidas.
En plena campaña de vendimia, los tractores cargados de uvas recorren las carreteras hacia las bodegas, pero el panorama no es del todo optimista. Un conflicto latente en torno a los contratos de compraventa de uva amenaza con empañar la temporada. La primera denuncia pública ha señalado a las bodegas por ofrecer precios considerablemente bajos. Si bien no son todas, algunas bodegas han fijado el precio máximo en 0,60 euros por kilo de uva de la DOCa Rioja, una cifra muy por debajo de los costes de producción estimados por la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja para la campaña de 2023. Según el organismo, los costos medios se sitúan en 0,7975 euros por kilo para la uva tinta cultivada en vaso y en 0,8231 euros para la uva tinta en espaldera.
Aunque la situación no sorprende a los actores del sector, ha generado malestar e incertidumbre entre los viticultores. En respuesta, varias organizaciones agrarias se han movilizado este martes frente a las instalaciones de una reconocida bodega situada en la carretera de Fuenmayor, para denunciar públicamente lo que consideran prácticas abusivas. Además, han presentado denuncias formales ante el director general de Desarrollo Rural, David Martín, y la Agencia de Información y Control de Alimentos (AICA), el ente competente en estos casos.
“Esta bodega ha propuesto a sus proveedores contratos con precios irrisorios, que representan hasta el 50% del coste medio de producción estimado por la Consejería de Agricultura. Los viticultores temen denunciar por posibles represalias, y por eso estamos aquí las organizaciones agrarias. Queremos frenar estas prácticas, que además resultan contagiosas para otras bodegas que podrían estar considerando ofrecer precios más justos”, declaró Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA.
Fonseca también criticó el hecho de que la bodega ofrezca contratos para uvas “premium”, con 14 grados alcohólicos y en excelente estado sanitario, pagando apenas 60 céntimos por kilo, mientras el vino del año es vendido en su página web a más de cinco euros la botella. “Este incremento del 600% en el precio final del producto muestra que estas bodegas buscan exprimir a los viticultores para obtener beneficios desmesurados a su costa. No lo vamos a tolerar”, enfatizó.
Las organizaciones agrarias han hecho un llamado a los viticultores para que, si tienen contratos con condiciones que vulneran la Ley de la Cadena Alimentaria, presenten sus casos ante las entidades pertinentes. Además, Roberto Ruiz Clavijo, coordinador sindical de UAGR-COAG, subrayó la necesidad de que las sanciones a las bodegas sean “disuasorias y ejemplares” para evitar que se repitan estas prácticas. También advirtió que, de no tomarse medidas, podrían considerarse futuras movilizaciones del sector.
Esta situación, aunque no nueva, reaviva el debate sobre la necesidad de garantizar precios justos en un sector vital para la economía de la región.
FUENTE: NUEVECUATROUNO.COM