El sector agrario de España se encuentra ante un escenario de incertidumbre. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha propuesto una nueva metodología para la distribución de las ayudas económicas destinadas a paliar las consecuencias de la sequía, un sistema que ha suscitado escepticismo y críticas entre las principales organizaciones agrarias del país: Asaja, COAG y UPA.

Los representantes de estas entidades se reunieron el pasado jueves con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien les expuso los detalles del plan en cuestión. La estrategia de distribución de los fondos se fundamentaría en dos criterios: el tipo de cultivo y el grado de escasez de agua en cada comunidad autónoma. Sin embargo, este planteamiento no ha conseguido el beneplácito del sector agrario, generando controversia y descontento.

Los fondos destinados a la agricultura ascienden a 276,7 millones de euros, procedentes del real decreto ley de ayudas por la sequía. Estos forman parte de un paquete más amplio de medidas de apoyo al sector agrario, valorado en total en 784 millones de euros. Este monto incluye partidas para la ganadería y diversas iniciativas de apoyo en áreas fiscales, financieras, socio-laborales e hidráulicas, entre otras.

Según han señalado los representantes agrarios, la propuesta del MAPA se inclina hacia destinar aproximadamente un 75 % de los 276,7 millones de euros a los cultivos herbáceos. Esto englobaría leguminosas y cereales de invierno, excluyendo al girasol. Adicionalmente, el plan contempla una asignación significativa para la fruta de hueso y una partida más pequeña para el arroz y el tomate. Sin embargo, el viñedo y el olivar quedarían fuera de este reparto.

Además, el ministerio ha propuesto una segunda vía de reparto basada en el grado de sequía de cada comunidad autónoma. De esta manera, algunas regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana estarían categorizadas como de alta sequía, mientras que otras como Extremadura y Castilla y León se situarían en un nivel inferior.

Este enfoque, sin embargo, ha sido el aspecto más controvertido del plan y ha generado críticas por parte de las organizaciones agrarias. Pedro Barato, presidente de Asaja, ha alegado que “no puede haber discriminación por territorio”, ya que, a su juicio, “esto no es un reparto geopolítico”, sino “un reparto de ayudas a quien realmente tiene esos problemas”. Barato ha sido tajante al afirmar que “no puede haber sequías de primera ni de segunda”, subrayando que quien sufra sequía, independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentre, debería recibir ayuda.

En una línea similar, el representante de la Ejecutiva de COAG, Javier Fatás, ha sostenido que “a la hora de zonificar el reparto hacerlo por comunidades autónomas no es la mejor solución”. Para Fatás, es necesario considerar que “todas las comunidades autónomas pueden tener zonas más y menos afectadas”, proponiendo como alternativa hacer el reparto por comarcas.

Por su parte, Ignacio Huertas, secretario general de UPA en Extremadura y miembro de la Ejecutiva Federal de esta organización agraria, ha afirmado estar de acuerdo con el reparto de las ayudas por cultivos, pero ha manifestado “diferencias” respecto al tema de las zonificaciones.

Mientras el sector aguarda a que el MAPA revise y decida sobre las alegaciones presentadas por las organizaciones agrarias, parece claro que queda mucho por debatir y definir para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas.

 

 

FUENTE: VINETUR.COM