En un informe de auditoría, publicado este lunes 25 de septiembre por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCUE), el organismo fiscalizador comunitario, manifiesta su preocupación por el efecto que tendrán sobre los viticultores las medidas previstas de la UE y concluye que la política vitivinícola comunitaria no se ajusta a los objetivos medioambientales y sus medidas tampoco abordan directamente la competitividad de este sector.

Para el TCUE, el mercado vitivinícola de la UE está muy regulado y subvencionado, ya que los viticultores vienen recibiendo alrededor de 500 millones de euros al año de fondos comunitarios para reestructurar sus viñedos y ser más competitivos.

Desde 2016, también han tenido la posibilidad de solicitar autorización para plantar más vides, con el objetivo de permitir un crecimiento controlado del potencial de producción (hasta un incremento máximo anual del 1%) y evitar el exceso de oferta.

Para Joëlle Elvinger, miembro del Tribunal que dirigió la auditoría, “aumentar la competitividad del sector vitivinícola es fundamental y especialmente importante para la UE, pero debería acompañarse de una mayor sostenibilidad medioambiental”.

Al respecto, señala que “lo menos que podemos decir es que la acción de la UE todavía tiene que dar resultados tanto en uno como en otro objetivo”.

En la Unión Europea, los vinos pueden ser tintos, blancos y rosados, pero la forma en que se cultivan rara vez es “verde”, señala el organismo fiscalizador comunitario.

En este sentido, los auditores del TCUE lamentan el hecho de que, a pesar de la importante cantidad de fondos afectados, la política vitivinícola de la UE ha hecho poco por el medio ambiente.

Así, señala que la medida de reestructuración y reconversión de viñedos, en particular, muestra escasa consideración por los objetivos ecológicos. En la práctica, el dinero de la UE no se ha dirigido a proyectos destinados a reducir el impacto de la viticultura sobre el clima o el medio ambiente.

De hecho, añade el TCUE, incluso podrían provocar el efecto contrario, como el cambio a variedades de uva que necesitan más agua.

Del mismo modo, el incremento anual del 1% en superficies de viñedo, prorrogado otros 15 años más (hasta 2045), nunca se ha evaluado desde el punto de vista medioambiental.

Para este Tribunal, las perspectivas no son mucho más halagüeñas: en la nueva Política Agrícola Común (PAC), la ambición medioambiental para el sector vitivinícola sigue siendo limitada.

Con anterioridad, los auditores de la UE recomendaron que los pagos a los agricultores, incluidos los realizados a los viticultores, se vincularan explícitamente con los requisitos medioambientales. Pero en la nueva PAC, añaden, “se han eliminado esas condiciones para financiar la reestructuración”.

Asimismo, según este organismo auditor, “los países de la UE tan solo tendrán que utilizar un mínimo del 5% del dinero asignado al sector vitivinícola para acciones relacionadas con el cambio climático, el medio ambiente y la sostenibilidad.

En este sentido, los auditores consideran que este porcentaje del 5% es bastante bajo, teniendo en cuenta que en el marco de una PAC más ecológica, se espera que el 40% de todo el gasto agrícola se destine a objetivos relacionados con el clima.

Ineficaz para ganar competitividad

En este contexto, consideran también que “la política de la UE tampoco ha dado buenos resultados en el aumento de la competitividad de los viticultores.

En los cinco países auditados, entre ellos España (Castilla-La Mancha), los proyectos se financian con independencia de su contenido u ambición, y sin tener en cuenta ningún criterio para aumentar la competitividad.

También se financian cambios no estructurales en viñedos o renovaciones normales de estos, a pesar de que esas medidas no son subvencionables, indica el TCUE.

Asimismo, señala este Tribunal, “los beneficiarios no están obligados a comunicar cómo mejoró su competitividad, gracias a la reestructuración.

Además, ni la Comisión Europea ni los Estados miembros evalúan la manera en que los proyectos financiados ayudan realmente a aumentar la competitividad de los viticultores.

Lo mismo sucede con el régimen de autorización de plantación de viñedo, según ese organismo. Por un lado, “se propuso y aprobó el porcentaje máximo del 1% de aumento anual, sin justificación alguna y sin analizar si era adecuado y pertinente. Por otro, al conceder esas autorizaciones solo se emplean unos pocos criterios de subvencionabilidad y prioridad vinculados a la competitividad”.

La Unión Europea es el principal productor, consumidor y exportador de vino del mundo. En 2020, había 2,2 millones de explotaciones vitivinícolas en la UE y los viñedos cubrían en torno al 2% de la superficie agrícola utilizada de la Unión. Aproximadamente el 80% del vino producido en la UE procede de Italia, Francia y España.

Los viticultores y vinicultores pueden optar a la ayuda financiera de la PAC. Y ésta puede ser en forma de ayuda específica en el marco de la Organización Común del Mercado (OCM) vitivinícola (principalmente a través de programas nacionales de apoyo), o mediante pagos directos y apoyo a medidas de Desarrollo Rural o de promoción horizontal.

 

FUENTE: SEVI.NET